Junto a Torres, conocido en su época de guerrillero como "Pablo Catatumbo", la Sala de Reconocimiento de la JEP citó a Juan Carlos Ramírez, Diego Ardila Merchán y Édgar López Gómez, alias "Pacho Chino", dentro del Caso 05.
"Pacho Chino" está vinculado con el secuestro, el 11 de abril de 2002, de 12 diputados del departamento de Valle del Cauca, 11 de los cuales fueron asesinados durante una operación de rescate en junio de 2007, después de permanecer 5 años en cautiverio en las selvas del suroeste del país.
En ese Caso 05 el alto tribunal estudia las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridos en el conflicto armado en la región del norte de Cauca y del sur de Valle del Cauca, en la región Pacífica.
Los exguerrilleros deberán hacer "aportes plenos" a la verdad sobre desplazamiento forzado, secuestros, violencia sexual, asesinatos, confinamiento y siembra de minas antipersonal.
Igualmente, sobre reclutamiento, desaparición forzada de personas, ataques a la población civil, amenazas y persecución que "hayan sido cometidos por las extintas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca", detalló la JEP en un comunicado.
También deben aportar información sobre los crímenes que cometieron las FARC contra la población indígena, afrodescendiente y campesina con ocasión del conflicto armado en esa región del país.
La citación de los exguerrilleros se decidió luego de recibir más de 27 informes presentados por las víctimas, la Fiscalía y la Procuraduría.
Torres, Ramírez, Ardila y López fueron comandantes de las estructuras más importantes que actuaron en la zona, como el Comando Conjunto de Occidente, el Frente Sexto, el Bloque Móvil y las columnas Jacobo Arenas y Gabriel Galvis.
Adicionalmente, los excomandantes deberán rendir versión conjunta sobre hechos relacionados con el Caso 02, que aborda los crímenes ocurridos en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador y también ubicados en la región Pacífica.
En el Caso 05 se ha logrado la acreditación de más de 180.000 víctimas individuales y colectivas indígenas, afrodescendientes, campesinas, de mujeres y pertenecientes a la población LGBTI del norte de Cauca y el sur de Valle del Cauca.
La JEP, que se creó como parte del acuerdo de paz firmado en 2016 por el Gobierno colombiano y las FARC, es la encargada de juzgar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado.